Ley de dependencia en España- Evolución histórica

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En España, en 1970 se creó el Servicio Social de Recuperación y de Rehabilitación de Minusválidos “SEREM”, precedente del actual Instituto de Mayores y Servicios Sociales “IMSERSO”. Esta organización, en 1974, celebró un congreso en Madrid llamado “Minusval 74”, que supuso el afloramiento del movimiento asociativo y de sus reivindicaciones, hasta las horas refugiadas en asociaciones clandestinas o confesionales.

Raíz de ello, a partir de la década de los años ochenta, las asociaciones de las personas con discapacidad comenzaron a hacer un cambio en sus políticas, creando, así, políticas de sensibilización y de relación con las instituciones sociales, con los agentes que influyen en la opinión pública y con las instancias de gobierno y de representación política.

Así, en abril de 1982, se promulgó la “Ley de Integración Social de los Minusválidos”, que establecía que las empresas con una plantilla superior a 50 trabajadores tienen la obligación de contratar a un número de trabajadores con discapacidad, igual o superior al 2%. Esta ley pretendía impulsar y fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad.Ese mismo año, en 1982, el PSOE se incorporó al Gobierno de España e inició su proceso reformista, proponiendo, así, el establecimiento de un Sistema de Bienestar Social como alternativa a la Beneficencia Pública. Entonces, ya afirmó que un sistema sanitario público era uno de los principales componentes de este Sistema de Bienestar Social y que, entre otros aspectos, favorecería a todas las personas discapacitadas y a sus familias.En las elecciones del 1986, las dos fuerzas políticas mayoritarias fueron incorporando en sus programas electorales propuestas de las asociaciones de las personas con discapacidad, como por ejemplo, la creación y extensión de los centros asistenciales.En 1989, el PP se comprometió a extender el sistema de protección social a todos los ciudadanos mediante el establecimiento de un Sistema Nacional de Servicios sociales.En las elecciones de 1993, las propuestas sociales de ambos partidos se convierten en el eje principal de sus programas, centrándolas, así, en medidas concretas de servicios sociales para dos sectores preferentes de la población: las personas mayores y las personas con alguna discapacidad.En 1996, comienzan a incorporarse a los programas electorales las propuestas de dependencia, un concepto que aún no estaba bien definido.Así, en 1998, el “Comité de Ministros del Consejo Europeo” define el término de dependencia como: “un estado en el que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o de ayudas importantes con el fin de realizar las actividades básicas de la vida diaria y, en particular, las actividades referentes al cuidado personal”.

En las siguientes elecciones de los años 2000 y 2004, se fueron perfilando los compromisos en la atención a la población en situación de dependencia hasta desembocar en la aprobación, por parte del PSOE, de un anteproyecto de ley.

Así, finalmente en 2006, se promulgó la “Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia”, comúnmente conocida como “Ley de Dependencia”, la cual supuso la total confirmación de lo que ya se anunciaba años atrás como “Estado del Bienestar”.

Gracias a la aprobación de esta ley, que entró en vigor el 1 de enero de 2007, todas las personas mayores o con discapacidad que no pueden valerse por sí mismas, es decir, que están en situación de dependencia, son atendidas por las Administraciones Públicas, garantizándoles el acceso a los Servicios Sociales Públicos y a las prestaciones económicas más adecuadas a sus necesidades.

La Ley de Dependencia configura el derecho a la atención de las personas en situación de dependencia como un nuevo derecho de ciudadanía, un derecho de acceso en igualdad a elementos esenciales para la vida autónoma de muchas personas, un derecho que es inseparable a la dignidad de las personas.

Cientos de miles de personas en situación de dependencia son los destinatarios de la presente Ley, los cuales están viendo fortalecida su autonomía personal y, con ellos, son también destinatarias sus familias, personas que están dedicando su vida, casi exclusivamente, a cuidar a quien lo necesita.

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