¿Puede el estudiante de la educación privada utilizar los recursos de la pública?

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¿Suponen este tipo de medidas una priorización de los recursos o en cambio una sectarización/discriminación de los estudiantes de la privada?

Javier Del Águila:

Depende del contexto, supongo. En primer lugar, habría que conocer los antecedentes que han dado lugar a las diversas medidas en este sentido que hemos podido ver en los últimos meses. Murcia y Valencia son paradigmáticas, con dos universidades privadas con mucha fuerza que pueden presionar a los organismos públicos en pro de sus estudiantes. Yo incluso replantearía la pregunta: ¿supone la presencia de los estudiantes de la privada una discriminación de los de la pública? Ya que, al ser parte de organismos privados, esos estudiantes hacen sus prácticas gracias a un convenio de colaboración público-privado, ellos van a tener garantizadas sus prácticas, mientras que los alumnos de la pública quedan sujetos a los vaivenes propios del sistema que todos conocemos y que, en mayor o menor medida, hemos padecido. Esto puede llegar (y ha llegado) a dar lugar a una situación un poco dantesca: que alumnos de la pública no puedan hacer prácticas porque ya están los de la privada.

Julia: Como comentas tú, Javier, la respuesta es que depende. No nos podemos apresurar en emitir un juicio sin antes conocer las causas que han llevado a esta situación. Bajo mi punto de vista debemos fijarnos en dos cosas; la primera, el marco legal bajo el que se toman este tipo de decisiones (si hay convenios vigentes, por ejemplo), y la segunda, si los hospitales públicos tienen la capacidad suficiente para ofertar una docencia de calidad tanto a los alumnos de una como de otra universidad. Por tanto, si entrase en el marco legal y hubiese recursos públicos suficientes, el hecho de no permitir a los estudiantes de la privada ejercer sus prácticas en un centro público no sería una actuación en pos de la priorización de recursos, sino un acto discriminatorio.

– ¿Deberían los estudiantes de medicina de la privada hacer sus prácticas únicamente en centros privados?

Javier Del Águila:

Sí y no. Por un lado, los estudiantes de la privada son también ciudadanos españoles que pagan impuestos y por tanto tienen todo el derecho del mundo a hacer uso de los servicios públicos (universitarios y sanitarios docentes). Por otro, esos estudiantes no han sido capaces de ingresar en el sistema público de enseñanza de medicina o han optado directamente por el privado, con lo cual entiendo que, sin tener por qué estar penalizados, sí que debe haber una clara priorización dirigida a la pública. Cuando una universidad privada decide abrir una facultad de medicina, ¿con qué garantías lo hace? Eso es responsabilidad exclusiva de la empresa prestadora de servicios. Lo que no me parece de recibo es la actitud de “yo abro mi facultad y luego es problema de la Consejería de turno el que mis estudiantes tengan derecho a sus prácticas”. Eso es jugar tanto con tus propios alumnos como con el resto del colectivo, estudiantil y asistencial. Si quieres hacer un negocio de la formación médica, preocúpate al menos de tener acceso a hospitales que te puedan proporcionar las prácticas. ¿Qué son también centros privados y te exigen un pago? Pues a pagar.

Julia Díaz:

Creo que en ningún caso podemos hablar de un veto o prohibición dirigido hacia los estudiantes de la privada. Aquí radica la importancia de los convenios o los conciertos con las administraciones públicas. No creo que se trate de un problema de incapacidad para atender tanto a unos como a otros, sino más bien de coordinación entre ambos. De existir dicha incapacidad, vería lógico que se priorizara a los alumnos de la universidad pública a la que estuviera adscrito dicho hospital, siempre y cuando se les ofrezca una alternativa docente a los alumnos de la privada. Por poner un ejemplo, en Navarra, la Universidad puede hacer uso de recursos tanto privados como públicos, ahí no existe ningún problema, pues los servicios no se saturan con estudiantes. A raíz de esto podríamos preguntarnos si el problema no radicaría en el numerus clausus que se mantiene en una tendencia creciente año por año.

– ¿Qué beneficios podría tener esta resolución? ¿e inconvenientes?

Julia Díaz:

Como ventajas, si la cuestión fuese la falta de prácticas clínicas de calidad, al adoptar esta medida, y siempre que la alternativa fuese equiparable en cuanto a condiciones se refiere, el problema debería solventarse en un principio, tanto para los alumnos de uno como de otro sistema. Como inconveniente fundamental veo el abrir de nuevo el frente público-privado, lo cual encuentro absolutamente innecesario, pues sólo nos lleva a conflictos y enemistades que se perpetúan sin sentido ninguno y que, a mi parecer, no deberían existir.

Javier Del Águila:

Si partimos de la base de que existe un conflicto claro entre pública y privada en cuanto a capacidad de los hospitales públicos de absorber a los estudiantes, está claro que lo que se busca es garantizar unas prácticas de calidad. Y entiendo que lo público priorice a lo público, no a lo privado. Si hay facultativos suficientes para distribuir a todos los alumnos (y a ser posible sin necesidad de enviarlos a hospitales de otros municipios) entonces es un tema organizativo, pero si no es el caso, he de añadir que se convierte en una cuestión de prioridad política, en donde no quiero entrar pues me parecería mezquino tener que señalar quién favorece claramente a la universidad privada incluso en detrimento de la pública. El inconveniente claro es que estás dejando en la estacada a alumnos que no tienen culpa de estos conflictos de los que hablamos, pero eso debería ser responsabilidad de sus centros privados.

– ¿Solventaría el problema de la masificación la firma de convenios para la realización de prácticas en centros privados?

Julia Díaz:

En mi opinión, para poder dotar a los estudiantes de ciencias sanitarias de una docencia de calidad, y por tanto, para eliminar el problema de la masificación, se podrían llevar a cabo tres medidas que nos ayudarían a cumplir este objetivo. La primera, saber y controlar los recursos disponibles a la hora de ofertar plazas para cualquier titulación de cualquier universidad. La segunda, la formación de un cuerpo docente específico, o al menos, la existencia de una retribución adecuada para aquel personal sanitario que se dedique a la enseñanza. La tercera sería la firma de convenios para la realización de dichas prácticas. El que se puedan llevar a cabo o no estas medidas depende de muchos factores, desde económicos hasta políticos, pero lo que no se debería hacer en ningún caso es saltarse un convenio vigente para adoptar otro tipo de medidas, y de paso, excluir a un colectivo de alumnos, que en definitiva, son quienes sufren las consecuencias de todo esto.

Javier Del Águila:

Igual si, igual no. Depende de cómo se haga, con qué intencionalidad y a través de qué modelo. Puede ser un alivio para el sistema público y universitario al aumentar el pool de opciones, o puede convertirse en un nuevo caos organizativo. Cada hospital privado tiene un modelo de funcionamiento (100% privado, concesión, gestión privada titularidad pública…) que habría que ver cómo se encaja en las necesidades del conjunto de estudiantes. Simplemente firmar acuerdos que luego se conviertan en papel mojado sólo nos conduciría a “cronificar” el problema y afectar aún a más estudiantes. Prefiero una solución más tardía pero definitiva a una chapuza para quedar bien ante los medios y retrasar la solución definitiva. Se podría probar también otro modelo: dotar de remuneración, reconocimiento y dedicación específica a aquellos médicos interesados en la docencia práctica en los hospitales, así como incentivar esa labor (un médico no puede atender a un residente, un alumno y a veinte pacientes en una sola mañana, por lógica). También se podría contratar más personal con ese fin…

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